En los últimos años, Europa ha elevado de forma considerable las exigencias que deben cumplir sus agricultores. Normativas medioambientales más estrictas, limitaciones en el uso de materias activas, mayores requisitos laborales, controles de trazabilidad y nuevas obligaciones administrativas forman parte ya del día a día de cualquier explotación agraria.
La pregunta es si Europa está dispuesta a aplicar esa misma exigencia a los alimentos que llegan de terceros países. La Unión Europea tiene derecho a fijar las normas que considere oportunas para avanzar hacia un modelo productivo más sostenible. Lo que resulta difícil de entender es que muchas de esas restricciones que se imponen a los productores europeos no se exijan con la misma firmeza a quienes exportan sus productos hacia nuestro mercado.
No hablamos de cerrar fronteras ni de rechazar los acuerdos comerciales. Al contrario. Una provincia exportadora como Almería sabe mejor que nadie la importancia que tienen los mercados internacionales y las oportunidades que generan para agricultores, empresas y consumidores. El comercio es necesario. Lo que no parece razonable es que la apertura comercial acabe convirtiéndose en una vía para importar aquello que aquí ya no se permite producir.
En los últimos meses hemos vuelto a asistir a situaciones que deberían hacernos reflexionar. Alertas por la presencia de materias activas prohibidas en productos importados, problemas de etiquetado y falta de transparencia en determinadas estadísticas comerciales afectan directamente a la confianza del consumidor y a la credibilidad de las políticas comunitarias. ASAJA ha denunciado, por ejemplo, la desaparición de estadísticas sobre tomate procedente de Marruecos y la comercialización de productos del Sáhara Occidental bajo otras denominaciones de origen. Más allá del debate jurídico o político, lo que está en juego es algo mucho más sencillo: la transparencia.
Un ejemplo que evidencia esta contradicción lo hemos vivido en el Levante almeriense con la plaga de pulgón. Miles de hectáreas de cultivo se vieron afectadas mientras los agricultores reclamaban autorización para un insecticida eficaz que ya estaba permitido en otros países europeos. La falta de esa herramienta en un momento crítico demuestra la dificultad de aplicar políticas de sostenibilidad sin comprometer la producción. No se trata de rebajar exigencias, sino de garantizar que la transición hacia modelos más sostenibles sea viable sobre el terreno.
Porque la seguridad alimentaria no consiste únicamente en garantizar que un alimento sea seguro para el consumo. También implica trazabilidad real, origen conocido, controles rigurosos y que los consumidores puedan tomar decisiones con toda la información sobre la mesa. Europa corre el riesgo de trasladar a sus agricultores exigencias cada vez mayores mientras mira hacia otro lado cuando esas mismas exigencias no se aplican fuera de sus fronteras. Esa contradicción debilita la rentabilidad de las explotaciones, genera desconfianza entre los consumidores y pone en cuestión el sentido de muchas normas comunitarias.
La seguridad alimentaria, la sostenibilidad y la competencia leal no son objetivos incompatibles con el comercio internacional. De hecho, deberían ser la base de los acuerdos comerciales del futuro. Pero para ello hace falta coherencia. Si Europa considera que determinados productos, materias activas o prácticas no son aceptables para sus agricultores, tampoco deberían serlo para quienes quieren vender sus producciones en el mercado europeo.
No pedimos privilegios. Tampoco protección frente a la competencia. Pedimos algo mucho más simple: que las mismas reglas se apliquen a todos. Porque la verdadera fortaleza de la agricultura europea no depende de levantar barreras, sino de garantizar que nadie compita con ventaja y de que el modelo europeo siga siendo ejemplo de sostenibilidad, seguridad y competitividad.
Adoración Blanque Pérez – Presidenta de Asaja Almería
