El subsecretario de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Jaime Haddad, ha recordado las medidas puestas en marcha para paliar los efectos de la sequía en la agricultura y la ganadería.

El conjunto de medidas se estructura en cinco grupos:  seguro agrario,  fiscalidad, financiación,  PAC y las incluidas en el Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, que incluye exenciones del pago de tasas y cánones de riego y el aplazamiento de la cuota de la seguridad social.

En lo que se refiere al seguro agrario, se ha conseguido el compromiso de Agroseguro para agilizar las peritaciones para que la práctica totalidad de ellas estén finalizadas en el mes de julio y la totalidad en agosto. Para ello, se han incrementado notablemente el número de peritos en el campo hasta un total de 373 en todo el territorio, con el objetivo de que los productores cobren lo antes posible las indemnizaciones. Además, las parcelas aseguradas en el seguro de explotaciones de cultivos herbáceos extensivos que no tengan viabilidad, tendrán la posibilidad de realizar el aprovechamiento en verde.

En cuanto a la fiscalidad, se ha destacado la reducción de módulos del IRPF para las producciones afectadas por adversidades climáticas que, para este año se estima en una reducción de la base imponible de 339M€. Los daños producidos en 2017, especialmente los de sequía, tendrán su reflejo en la propuesta que se elabore para la declaración de la renta de 2018.

Una de las medidas principales de las anunciadas, ha sido la Orden de ayudas a la financiación agraria que se publicó el pasado 5 de junio, que va a permitir facilitar el acceso a créditos de liquidez a las explotaciones agrarias afectadas por la sequía. Esta línea contempla subvenciones de hasta el 100% del coste de los avales concedidos por la Sociedad Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) y un volumen de crédito máximo de 90 millones de euros, que será ampliable en caso de agotarse. No obstante, el Ministerio ya está tramitando una nueva orden de ayudas de financiación adaptada a los cultivos más afectados por la sequía.

En cuanto a las ayudas de la PAC, el Ministerio, a través del FEGA, ha solicitado a la Comisión el adelanto del 70% de las ayudas directas de la PAC y el 85% de las de desarrollo rural, lo que supone un montante de más de 3.000 millones de euros a nivel nacional.

Por último, las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se exonera del pago de la tarifa de utilización del agua y del canon de regulación a los titulares de explotaciones agrarias afectados por la sequía hidrológica (esto es en la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero, Demarcación Hidrográfica del Segura y Demarcación Hidrográfica del Júcar) que hayan tenido una dotación inferior o igual al 50% de lo normal, o hayan sufrido pérdidas de producción bruta en los cultivos de, al menos, un 20% de la producción normal en zonas desfavorecidas, y de un 30 % en las demás zonas.

A su vez, dicho Real Decreto-ley contempla una moratoria sin intereses de un año a las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a los meses de julio de 2017 a febrero de 2018, ambos inclusive, para los titulares de las explotaciones agrarias afectadas por la sequía, tanto hidrológica como meteorológica en todo el ámbito nacional.

El Ministerio continuará realizando un seguimiento de la situación de sequía y de las medidas aplicadas en coordinación con las Organizaciones Profesionales Agrarias, las cooperativas agroalimentarias y otras administraciones públicas.