Que no cunda la eurforia

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Art. Opinión de Ignacio López García-Asenjo, responsable de relaciones internacionales de ASAJA

Las recientes conclusiones de los debates para obtener un mandato negociador entre las instituciones protagonistas en el proceso de Reforma de la PAC han supuesto una cierta dosis de esperanza  entre aquellos que, observando la evolución de los hechos y el ambiente reinante en las instituciones, teníamos unas previsiones mucho menos optimistas sobre el resultado final de las negociaciones.

Terminó el año con un fracaso en el intento de alcanzar un Marco Financiero Plurianual para la UE, con unas propuestas encima de la mesa negociadora nada prometedoras ni para España, ni para nuestra agricultura.

Sin embargo, la Cumbre de febrero de 2013 supuso un giro en esta visión pesimista, y España, a pesar de que el contexto es de reducción presupuestaria en general y en la partida agrícola en particular, pudo salvar los muebles, manteniendo su condición de receptora de fondos comunitarios, logrando un fondo para el empleo juvenil y ampliando su partida para Desarrollo Rural.

En materia agraria, y aunque la Comisión Europea ha echado un “jarro de agua fría” en plena Semana Santa, anunciando recortes de un 5% en los pagos del presupuesto de 2014 (actuales solicitudes de la PAC), las autoridades afirman y confirman que los datos también pueden resultar positivos para España, que incrementará su media de ayudas directas, gracias a la convergencia externa y que en moneda corriente los saldos salen ligeramente positivos.

Por otra parte, el Parlamento Europeo, superado el escollo presupuestario, ratificó a mediados de marzo, en sesión plenaria, los informes de los ponentes sobre las principales propuestas reglamentarias de la Reforma de la PAC, exigiendo, eso si, mejoras en el presupuesto y una revisión a medio plazo. En líneas generales y si bien el Parlamento hace suyas buena parte de las propuestas de la Comisión, introduce criterios de flexibilización para que muchas medidas sean asumibles y realizables por los agricultores y ganaderos.

Además se hace eco de muchas de las reivindicaciones del sector, tanto a nivel europeo, con la continuidad de sistemas de regulación de mercado en sectores como la remolacha azucarera o el vino, o en la necesidad de afrontar un proceso de adaptación de un sistema a otro e introducir una mayor flexibilidad en el llamado “pago verde”,  como en cuestiones que atañen especialmente a determinados países, incluido el nuestro, cual es la limitación del número de hectáreas con derecho a pagos directos de la PAC. Es justo reconocer y agradecer el trabajo de los ponentes y de nuestros representantes españoles en COMAGRI, en buena sintonía con el sector y con el Ministerio, lo que ha contribuido al resultado de las negociaciones en el Consejo.

Trabajo destacable

Por su parte, la Presidencia Irlandesa, que también está realizando un trabajo más que destacable, ha logrado un mandato negociador con unas premisas muy claras. Muchas de sus conclusiones recogen peticiones y exigencias de nuestro país, solo o en alianza con otros Estados miembros, en materia de convergencia interna, con el paso de un sistema histórico a otro regionalizado, proponiendo alternativas factibles a una “tasa plana” y en un marco limitado de superficies con derecho a pagos PAC, una de las mayores preocupaciones que afectaban, casi en exclusiva, a nuestro país.

Además, el Consejo introduce nuevos criterios en la aplicación de las practicas del “greening”, de manera que medidas de efecto equivalente puedan contemplarse en el sistema y que la definición de “verde per se” pueda incluir a buena parte de los cultivos permanentes y prácticas productivas.

Por tanto, en apenas dos meses y medio, el escenario ha cambiado. Nos encontramos con un presupuesto cierto, que para España en líneas generales sigue generando retornos y que en agricultura mantendrá los pagos PAC a niveles similares a los actuales, y con unas posiciones en la negociación de la PAC donde Consejo y Parlamento se encuentran en sintonía y, lo que es más importante desde mi punto de vista, España no se encuentra aislada ni con prioridades que deba defender ella sola, sino con posiciones ya adoptadas y respaldadas. Así que sobran razones para estar satisfechos por el trabajo realizado. No obstante, mantengamos la serenidad y que no cunda la euforia, pues queda todavía mucho camino por recorrer.

Este 11 de abril se han iniciado las reuniones interinstitucionales, los llamados trílogos, entre Parlamento Europeo, Comisión y Consejo, para intentar dar forma a un consenso que permita adoptar la reforma y que ésta entre en vigor, ya en 2015. Precisamente en este contexto es donde se deberán consolidar las posiciones asumidas en instancias anteriores, adoptar las que mejor nos convengan e introducir aquellas que, en aras a la adopción del mandato negociador, no vieron la luz.

En estos trílogos, España debe apuntalar las opciones de convergencia interna que más nos beneficien; lograr un paso no traumático del actual sistema al nuevo sistema regionalizado; delimitar un número de hectáreas elegibles para nuestros pagos directos, de manera que no desvirtúen nuestro sobre nacional, o aplicar la flexibilidad necesaria en el cumplimiento del pago verde, consiguiendo el reconocimiento de muchas de nuestras prácticas agronómicas y ecosistemas como verdes por definición.

También deberá España lograr una salida satisfactoria para nuestra ganadería, en todas sus facetas, de manera que, ya sea mediante el reconocimiento de los derechos, relacionando las hectáreas de pasto a una actividad ganadera, o a través de los pagos acoplados, los ganaderos puedan ver la viabilidad de sus explotaciones.

En este apartado de los pagos asociados, sectores como el algodón, tabaco o aceituna de mesa deberán estar también reflejados, dada la importancia que dichos cultivos tienen en el tejido productivo y socioeconómico en zonas bien delimitadas.

Regulación de mercados

Los mercados siguen siendo parte esencial en la formación de renta de nuestros productores, por lo que las medidas de regulación, ya sea a través de una actualización de los precios de referencia, ya sea mediante el mantenimiento de los sistemas de cuotas en sectores estratégicos como el azúcar o la leche, los derechos de plantación del viñedo, deben seguir siendo prioritarios para nuestra delegación.

Las relaciones con los demás eslabones de la cadena agroalimentaria, en el proceso de formación del precios, deben poder quedar perfectamente delimitadas en los futuros reglamentos, dando a conocer de forma clara y precisa el cometido y competencias de cada uno de los actores, incluyendo las organizaciones de productores (OPs) y las  interprofesionales, la industria y la distribución, a través de una normalización y equilibrio en las negociaciones contractuales y reglas de competencia que, necesariamente, deberán adaptarse a la realidad de los productos agroalimentarios.

Tanto Parlamento, como Consejo mantienen posiciones muy próximas en materia de Desarrollo Rural, donde España debe utilizar el mandato para asegurarse la cobertura comunitaria en la financiación de las inversiones en regadío, garantizar la continuidad de nuestro sistema de seguros agrarios o compatibilizar los distintos Programas Regionales con un programa nacional de Desarrollo Rural.

Otros muchos temas se tratarán en estas reuniones del Trílogo hasta lograr un acuerdo, previsiblemente antes del verano, como las nuevas zonas desfavorecidas, la limitación y degresividad de las ayudas, el papel de las organizaciones de productores, las transferencias entre pilares, etcétera.

Y no olvidemos que, tras el debate europeo, tendremos que internarnos en el debate “hispano-español”. Algunas experiencias hemos tenido ya y en las que hemos comprobado que, más complejo que obtener logros en Bruselas, será poder repartirlos en el interior de nuestro país.

Tanto el ministro, Miguel Arias Cañete, como los consejeros de las Comunidades Autónomas y, por supuesto, los agricultores y ganaderos, deberemos ser capaces de encontrar soluciones de consenso, evitar desequilibrios entre unos y otros y, sobre todo, tener suficiente visión a medio y largo plazo.

Tenemos asegurada una PAC hasta 2020. Debemos ser capaces de ofrecer a nuestros conciudadanos la seguridad de que sus impuestos están bien empleados y merece la pena apostar por una agricultura europea.