EL SECTOR APOYA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA LEY DE LA CADENA AGROALIMENTARIA

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Ayer la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) emitió un informe no vinculante respecto al Anteproyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria presentado por el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en octubre en Consejo de Ministros. En este estudio se reconocen los principales problemas que hoy aquejan a este conjunto, que son: asimetría, falta de transparencia, prácticas potencialmente desleales y contrarias a la competencia.

En este sentido, representantes de los agricultores y ganaderos y la industria de alimentación y bebidas celebramos que la autoridad de la competencia no cuestione la formalización de los contratos ni la fehaciente existencia de prácticas abusivas y anticompetitivas; e incluso reconozca que “no son objeto de denuncia por el operador que la padece, principalmente por la eventual situación de desequilibrio existente en la relación comercial continuada”.

Sin embargo, en su informe, la CNC no entiende como necesario adoptar medidas complementarias para resolver esta grave problemática que afecta a una parte estratégica de la economía nacional; alternativas que ayudarían a proteger la innovación, la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores frente a las prácticas desleales.

Es aquí donde disentimos con el organismo de competencia, ya que la experiencia nos ha demostrado (tal y como reconoce la propia CNC) que, ni el marco jurídico vigente (Ley de Defensa de la Competencia y Ley de la Competencia Desleal), ni los esfuerzos privados (Acuerdo FIAB-ASEDAS y otros de carácter autonómico) han supuesto avance alguno en la resolución de los problemas constatados ni en el equilibrio de la cadena agroalimentaria.

Por todo ello, ASAJA, UPA, COAG, Cooperativas Agroalimentarias, PROMARCA y FIAB reivindican la potestad del Gobierno para regular los graves desequilibrios que plantea la cadena agroalimentaria, y apoyan sin fisuras el paso adelante dado con el Anteproyecto de Ley de medidas para la mejora del funcionamiento de la Cadena Alimentaria, urgiendo su trámite parlamentario.

LA  POSTURA DE COMPETENCIA

Según las conclusiones del informe de la CNC, el Anteproyecto generará inseguridad jurídica y una burocratización no necesaria y desproporcionada de las relaciones comerciales entre agentes de la cadena. También considera que tipifica como infracción administrativa determinadas prácticas comerciales que, de hecho, resultan eficientes y fomentan el dinamismo a lo largo de la cadena de producción.

La CNC tampoco está de acuerdo con el sistema de infracciones administrativas y régimen sancionador propuesto, ya que cree que generaría un elevado riesgo de ruptura de la unidad de mercado al posibilitar la aplicación incoherente del régimen dependiendo del ámbito territorial de referencia.

El informe de la CNC arremete contra los dos principales pilares que contiene el anteproyecto de ley (la regulación de contratos y el Código de buenas prácticas mercantiles), ya que recomienda eliminar el catálogo de prácticas comerciales que se consideran abusivas en la Ley y, en consecuencia, el régimen sancionador administrativo previsto. En su lugar, se limita a proponer un Código voluntario.

También recomienda que se limiten las obligaciones que establece el Anteproyecto al ámbito de las relaciones comerciales continuadas, que son las que generan eventuales desequilibrios.

El Anteproyecto de Ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria fue aprobado en octubre pasado por el Consejo de Ministros. Dicho Anteproyecto cuenta con dos ejes principales. Uno de ellos es que regula los contratos, estableciendo una batería de obligaciones como la de formalizar por escrito los contratos alimentarios; prohibir determinadas prácticas comerciales, como modificaciones unilaterales de los contratos y los pagos comerciales no previstos y regular otras, como el suministro de información comercial sensible, la gestión de marcas y las subastas electrónicas.  El otro pilar es establecer un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, con un sistema de arbitraje para la resolución de conflictos, así como un registro estatal de los operadores adheridos.

Publicado: 9 enero 2013