Hablar de agricultura en Almería es hablar del sector hortofrutícola que es, sin duda, uno de los pilares sobre los que se sustenta el modelo agrícola de la provincia. Un sector que ha sabido consolidarse como referente europeo en producción bajo invernadero, que genera empleo, riqueza y exportaciones, y que ha hecho de la innovación y la adaptación sus principales señas de identidad.
Sin embargo, este liderazgo convive con una realidad que invita a la reflexión: el hortofrutícola es también el sector más sensible a los cambios del mercado, la volatilidad de los precios, el incremento constante de los costes de producción, la competencia internacional o las exigencias normativas condicionan de forma directa su rentabilidad y estabilidad. A esta situación, se suma una cuestión estructural que el propio sector viene ya señalando desde hace tiempo y es su difícil encaje en los sistemas tradicionales de ayudas agrarias.
El sector agroalimentario en general, y el hortícola en particular, necesitan una reestructuración global, ya que su situación no es coyuntural. Por tanto, las medidas tampoco pueden ser coyunturales, porque no se adaptan a las necesidades reales del sector. Sin contar, obviamente, con que al sector de cultivos protegidos esas ayudas no le llegan o son tan ínfimas que bien podrían calificarse de grotescas (véanse, por ejemplo, las ayudas por la subida del precio de los fertilizantes: 55 €/ha).
El sector hortofrutícola no ha dejado nunca de evolucionar. Ha sabido adaptarse a cada reto y convertir las dificultades en oportunidades. Por eso, este no es un debate sobre la necesidad de ayudas, sino sobre la necesidad de que el entorno normativo, fiscal y de mercado evolucione al mismo ritmo que lo hace el propio sector. Además de una reestructuración que contemple aspectos clave como la simplificación administrativa, la mejora en la gestión del agua, el impulso a la digitalización, la sostenibilidad, la innovación, la fiscalidad, la organización del mercado, el equilibrio en la cadena de valor y, especialmente, la adecuación de las políticas públicas a la realidad de la agricultura intensiva.
Si todas estas cuestiones estuvieran resueltas, o al menos encauzadas, las ayudas puntuales servirían para compensar, precisamente eso: una catástrofe natural puntual. Pero como no lo están, no cabe sino calificar de “parche” todas las ayudas puestas en marcha, ya que vienen a remendar un sistema falto de políticas públicas valientes que ayuden al sector a ganar músculo, y no a perderlo.
Es evidente que a los agricultores no les basta con las ayudas porque no quieren recibir limosna, sino que se afronte la realidad. Las pérdidas de producción son invisibles para muchos, pero muy reales para el productor. Tres meses de lluvia y humedad probablemente no mermen el potencial productivo de un agricultor, pero sí reducen la capacidad económica de terminar una campaña. El bolsillo de un agricultor debe recuperar los 8 €/m² de media que invierte en cultivos protegidos cada campaña, pero la realidad es que tiene que comprobar qué recoge, si logra recuperar esa inversión o si tendrá algún margen de beneficio. Y esto no siempre está a la vista de todos, pero lo conoce bien quien lo sufre cada día en el campo.
Por eso, más que ayudas puntuales, el sector necesita medidas estructurales, estabilidad y políticas capaces de comprender la verdadera dimensión de sus problemas y de acompañar su capacidad de transformación. Porque si algo ha demostrado la agricultura almeriense es que, cuando se le dan las herramientas adecuadas, no solo responde: vuelve a situarse en la vanguardia.
Adoración Blanque Pérez
Presidenta de Asaja Almería
