Las negociaciones para firmar Acuerdos de Asociación o de Libre Comercio entre la UE y algunos de sus socios comerciales más importantes se multiplican. Sus resultados pueden ser muy perjudiciales para el sector agrario comunitario, incluido el español. Algunos de los procesos que están abiertos son los siguientes: con EE UU funciona un grupo de trabajo que discute la manera de profundizar en las relaciones comerciales para llegar a un acuerdo de libre comercio; las conversaciones con Canadá se encuentran en su recta final; la Comisión Europea lleva ya negociando con Mercosur casi dos años y el capítulo agrario es uno de los más conflictivos; en breve se van a abrir negociaciones con los gobiernos de Marruecos, Túnez, Egipto y Jordania para ampliar los acuerdos ya existentes. Con México sucede otro tanto y el Consejo de Ministros acaba de dar un mandato a la Comisión Europea para que inicie las conversaciones con Japón y lograr un acuerdo de libre comercio.
Son tan sólo algunos ejemplos de lo que está en marcha y que conducirá a una mayor apertura del mercado comunitario. En la mayoría de las ocasiones las concesiones que debe hacer la UE afectan de lleno al sector agrario, que es el que paga las facturas de cada uno de estos acuerdos. Mientras los agricultores y ganaderos de la UE ven cómo aumentan las exigencias de todo tipo que deben respetar, lo que supone un incremento de sus costes de producción, también comprueban que no se aplican esas mismas exigencias a las mercancías que llegan al exterior, lo que sitúa a las explotaciones de la UE en inferioridad de condiciones y hace saltar por los aires uno de los principios fundamentales de la UE, el de la preferencia comunitaria. Si no se respeta, ¿para qué se mantiene?
César Lumbreras
(Periódico La Razón)