Desde que esta semana saliera a la luz la instrucción del Ministerio de trabajo a la inspección para comprobar la existencia de abusos o «posibles casos de esclavitud» en el campo las críticas y el malestar en el sector no han cesado.
En ASAJA así lo hemos trasladado tanto a Trabajo como a Agricultura, para la Organización esta instrucción es «una aberración» tal y como señalaba el Presidente Nacional Pedro Barato. ASAJA considera «inaceptable» que en el cuestionario de la ministra se hagan este tipo de preguntas. «Todas ellas son inaceptables y propias de alguien que obra de mala fe movida por un sectarismo ideológico inadmisible y un desconocimiento absoluto de la realidad, que le hacen estar incapacitada para desempeñar sus funciones de ministra.
Por su parte Juanjo Alvarez director de ASAJA señala que ya está bien de criminalizar al sector «nosotros no esclavizamos a nadie”, y rechaza que “se trate a los agricultores y ganaderos como delincuentes”. Se ha pedido que no se culpabilice a los agricultores de los asentamientos ilegales y que las Administraciones son las que tienen que solucionar ese problema.
La campaña específica ordenada por la dirección de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a las jefaturas provinciales de toda España para detectar casos de “esclavitud o prácticas similares” por parte de empresarios agrícolas, con visitas conjuntas de la Guardia Civil y cuestionarios inaceptables (¿presenta el trabajador magulladuras? ¿muestra el trabajador signos de ansiedad? ¿existen otros indicios de confusión mental o violencia? ¿muestran los empleadores un comportamiento violento?), desde ASAJA nos asombra e indigna por el mensaje tan dañino y malintencionado que encierra y el desconocimiento de la realidad actual del campo español, regulado como se sabe por convenios colectivos y con disposiciones del propio Gobierno en materia de mano de obra extranjera. Nada más lejos de la imagen de trabajos forzados y esclavitud que está proyectando el Gobierno con este injustificado plan.
Se trata de un ataque en toda regla a los agricultores y ganaderos movido por el sectarismo ideológico de la ministra Yolanda Díaz que en nada ayuda a la convivencia pacífica entre sindicatos y empresarios agrícolas y, por ello, apelamos al presidente del Gobierno a que ordene su cese inmediato, y, asimismo, al propio ministro de Agricultura amparo y contundencia ante la propia ministra para que no parezca que apoya esta actuación y quede nuestro sector a merced de países competidores que aprovecharán para atacar nuestras producciones.
Debería preocuparse el Gobierno más por la falta de rentabilidad del sector primario y los bajos precios en origen en lugar de vilipendiarlo y valorar cómo en los meses de la pandemia los agricultores y ganaderos han abastecido a la población, han dado empleo de calidad y han colaborado solidariamente con sus pueblos en labores de todo tipo.
