Esta semana han tenido lugar las diferentes comparecencias en la Comisión de Agricultura del Parlamento andaluz donde se han defendido los posicionamientos ante el Proyecto de Ley de la Agricultura y Ganadería Andaluza.

Adoración Blanque, Presidenta de AMFAR-Almería ha expuesto la postura de la asociación en lo que respecta al papel de la mujer en el sector agrario. En este sentido la asociación ha recordado que es imperiosa la necesidad de que la Consejería de Agricultura habilite el registro de titularidad compartida en las explotaciones agrarias, ya que las mujeres rurales andaluzas sufren una situación de agravio respecto a las de otras regiones. Además ha señalado que para motivar e incentivar a la presencia de mujeres, uno de los objetivos de este proyecto de Ley, es necesario dotarlas de herramientas que faciliten su incorporación al sector agrario.

AMFAR valora que en la Ley se pretenda dar una mayor visibilidad y priorizar a la mujer, pero además debe incentivarse su incorporación a corto y medio plazo y su permanencia a largo plazo proporcionando instrumentos que hagan de la agricultura una actividad accesible, y atractiva y rentable para su permanencia.

En palabras de la Presidenta de AMFAR esta ley «debería  suponer una oportunidad para clarificar aspectos y minimizar la maraña legislativa que actualmente regula al sector agrario en nuestra comunidad, y sobre todo, debe suponer una oportunidad para que las mujeres rurales en Andalucía tengan el mismo reconocimiento por su trabajo que el que tienen el resto de mujeres Españolas», sin embargo, del cuerpo de la Ley no se desprende esta simplicidad que exige el sector.

También ha recordado que se deben articular medidas para las mujeres de más de 50 años, y ha denunciado la discriminación que padecen aquellos que cumplen 65 años a los que se les elimina directamente del registro de explotaciones agrarias prioritarias, a pesar de que muchos de ellos, y muchas de estas explotaciones siguen cumpliendo los requisitos exigidos.

Las mujeres suponen la mitad de la población del medio rural en Andalucía, dos millones de habitantes afectados no sólo por ese trabajo “invisible”, por seguir siendo en muchos casos una “ayuda familiar”, obviando el esfuerzo que conlleva compaginar el trabajo y la familia, con un menor número de oportunidades y con una fuerte responsabilidad.

Por ello la organización espera que esta «buena declaración de intencione» vaya más allá y contribuya a dinamizar e incentivar el sector agroalimentario en Andalucía, y especialmente en el acceso a la mujer a las explotaciones y empresas.