ASAJA LAMENTA QUE LA DIRECTIVA EUROPEA SOBRE PRÁCTICAS ABUSIVAS EN LA CADENA NO INCLUYA LA VENTA A PÉRDIDAS

La Comisión Europea ha presentado esta semana su propuesta de Directiva al Parlamento Europeo y el Consejo sobre prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria con el objetivo de establecer un estándar mínimo de protección frente a estas prácticas en el conjunto de la Unión. Una vez aprobada, la Directiva deberá ser traspuesta a la legislación nacional de cada Estado miembro en un plazo común máximo de dos años desde su publicación.

Desde ASAJA lamentamos que dicha normativa, aunque suponga un paso, no incluya situaciones como la venta a pérdidas, que es sin lugar a dudas el gran problema al que se enfrentan los productores agrícolas y europeos y una de las prácticas más habituales que vivimos a diario en el campo.

El proyecto de Directiva establece una lista mínima de prácticas comerciales desleales prohibidas:

– Periodo de pago superior a 30 días;

– Cancelaciones de última hora de pedidos de productos perecederos;

– Cambios unilaterales y retroactivos en los acuerdos en cuestiones como frecuencia, tiempo o volumen de la entrega, así como en relación con las normas de calidad o los precios.

– Exigencia de pago por mercancías que se han echado a perder por parte del comprador.

Establece también que otras prácticas comerciales están prohibidas si no están claramente incluidas en el acuerdo entre el vendedor y el comprador.

Estarán sujetas a esta Directiva las prácticas comerciales entre personas físicas o jurídicas productoras incluidas las organizaciones de productores y sus asociaciones que sean pequeñas o medianas empresas, y un comprador que no lo sea.

Los Estados miembros están obligados a establecer una autoridad de vigilancia competente que podrá recibir quejas tanto de los proveedores como de las organizaciones de productores o sus asociaciones, respetando la confidencialidad. La Directiva prevé también un régimen sancionador.

La propuesta de Directiva no establece ninguna obligación para la formalización de contratos, manteniéndose su voluntariedad tal y como establece la Organización Común de Mercados.

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